Encontrar trabajo es dificil para todos, pero lo es aún más para las personas con discapacidad física o intelectual de la Comunitat Valenciana.

En los últimos cuatro años, según anotó el presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV), Joan Planells, a LA RAZÓN, «se han reducido casi dos mil empleos» para discapacitados. De este modo, conservan su puesto de trabajo unos 3.500 en las tres provincias, un número proporcionalmente inferior respecto a otras Comunidades Autónomas.

Ante la reducción, Cermi CV y la Agrupación Empresarial de Centros Especiales de Empleo (Agevalcee) reclaman apoyo de las Administraciones públicas. Hicieron hincapié en que no han cobrado el 50 por ciento de las ayudas del año 2012, por lo que se ven obligadas a mermar algunos de sus servicios.

Ambas asociaciones firmaron un convenio para intentar recuperar los empleos para personas con alguna discapacidad perdidos en los últimos años.

Este acuerdo formaliza la lucha que las dos entidades realizan desde hace años por intentar garantizar una salida profesional a este colectivo. El presidente de Agevalcee, Juan José Serrano, afirmó que se trata de un paso para «convertirse en una única fuerza concentrada» que les permita encargarse de garantizar la integración laboral de los discapacitados.

El proceso hasta tener empleo

La formación es el primer paso hacia el mundo del trabajo. Los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la Comunitat llevan a cabo programas para que los participantes desarrollen las habilidades básicas que necesitan en su puesto de laboral, tanto en los centros como en las empresas.

Tras la formación, se ofrecen puestos de trabajo en los propios centros. Existen dos ramas en las que ocuparse. Por un lado, el empleo protegido de servicios, que registró un pequeño aumento y en el que destacan las actividades de limpieza, jardinería o servicios generales. Por otro lado, el sector productivo, fuertemente afectado con la crisis por la reducción de la demanda de productos mecánicos y electrónicos, pero con un pequeño repunte debido a la fabricación de volantes, pomos y otras piezas para la factoría Ford de Almussafes.

Pese a beneficios fiscales que reciben las compañías, el presidente de Agevalcee confesó «que aún existe veto a este colectivo».

Fuente: https://www.larazon.es

Asifixiados, desesperados y en una situación caótica. Ese es el estado en el que se encuentran las asociaciones que atienden a unas 3.000 personas con discapacidad intelectual en la provincia. Las cuentas ya no les salen para mantener la calidad de sus servicios y algunas están al borde del cierre por los impagos de la Junta de Andalucía.

En la provincia de Málaga, el Gobierno andaluz debe casi cinco millones de euros a 25 entidades desde hace varios meses -incluso de algún año-, de convenios presupuestados y ya desarrollados. La deuda abarca los conciertos de la plazas de residencias y unidades de estancia diurna y programas para fomentar talleres y empleos.

Varias organizaciones ya no tienen para pagar las facturas de luz, agua y gas de sus instalaciones, ni tampoco la gasolina de sus furgonetas que trasladan a los discapacitados. El ahogo financiero ha obligado a algunas a tener que eliminar las actividades de ocio y deporte y muchas tienen que hacer encaje de bolillos para retribuir a sus trabajadores.

“Vamos a estallar porque el colchón que teníamos se ha agotado y las asociaciones reciben algo de oxígeno con cuotas que aportan los padres y con el dinero que sacan de actos benéficos. Pueden dejar de prestar servicios básicos a estas personas si no aportan soluciones rápidas”, ha denunciado Carmen Martín, gerente de la Federación Malagueña de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual (Amadpsi).

Tienen que hacer malabares para pagar a proveedores y a enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales o terapeutas que requieren en estos centros, muchos de los cuales llevan varios meses sin cobrar. Desde Amadpsi han subrayado que más de 1.000 empleos en la provincia pueden desaparecer en los próximos meses. “No somos una beneficencia, están en juego los derechos de las personas con discapacidad y no nos podemos permitir cerrar estos centros”, ha argumentado Martín.

NECESITAN ATENCIÓN 24 HORAS

El cierre sería la opción más viable, pero la conciencia moral y social de quienes atienden a los discapacitados les hace seguir trabajando a pesar de las dificultades. “La Junta se aprovecha de que no somos capaces de dejar desamparadas a estas personas porque somos sus pies y sus manos, muchas no tienen familias y necesitan atención las 24 horas del día”, ha asegurado Alfonso Rubio, presidente de Aspromanis.

La asociación que dirige es una de las más afectadas, a la que la Junta adeuda un millón de euros por servicios que han sido adelantados. “Los 140 trabajadores que tenemos han cobrado las nóminas de mayo porque teníamos algo ahorrado, pero para el próximo mes ya no hay fondos, estamos a cero. Peligran los puestos de trabajo y la calidad de los servicios, pero los políticos viven en un mundo distinto, siguen jugando al monopoly con nosotros”, ha lamentado.

Atienden a más de 300 personas entre la capital malagueña, Torremolinos, Villanueva del Rosario y Campillos. Han tenido que reducir gastos en el mantenimiento de sus centros y dejar en el cajón numerosos proyectos. “No sé por cuánto tiempo más los proveedores nos servirán alimentos ni tampoco cuando nos cortarán la luz. El agua no nos llega al cuello, sino a la nariz”, ha añadido. Como Aspromanis, son varios los centros que han tenido que solicitar préstamos, así como realizar sorteos, cenas y conciertos benéficos para sufragar gastos. “Ofrecemos un servicio que la Administración pública no satisface y, encima, nos derivan desde los hospitales más casos cuando saben que estamos desbordados”, ha exclamado Rubio.

En la residencia de Aspandem la calculadora de su presidenta, María José Morales, echa humo para cuadrar el presupuesto con el que poder atender a los 600 usuarios de Marbella y abonar el salario de sus empleados. Unos 900.000 euros es la cantidad que les debe la Junta en los últimos años. “Nos niegan préstamos y cierran puertas por nuestra delicada situación. Tenemos deudas con entidades financieras, con acreedores y con Seguridad Social y Hacienda. Es frustrante e indignante”, ha apuntado.

Uno de los problemas que tiene esta organización radica en su nueva residencia, finalizada hace unos meses pero sin fecha de inauguración. Según ha detallado Morales, están teniendo trabas con las plazas concertadas: “El centro es para personas gravemente afectadas y tiene 51 plazas, 44 de las cuales deberían ser concertadas, las 24 que tenemos ahora y 20 nuevas que la Junta no nos quiere pagar. Por tanto, el edficio se va a quedar medio vacío y no podemos hacerlo viable, aunque lo abriremos”, ha apostillado.

Aspromanis, Aspandem, Amappace, Encina Laura, Aproinla, Fahala, Prodicco, Aprona, Fuensocial y el resto de asociaciones de personas con discapacidad intelectual de la provincia no bajan los brazos en su lucha por alcanzar sus objetivos y seguirán con su cruzada para cambiar caridad por derechos.

Fuente: https://www.malaga21.es